Thèse


Emilie CREMIN.
Entre mobilité et sédentarité : les Mising, « peuple du fleuve », face à l'endiguement du Brahmapoutre (Assam, Inde du Nord-Est).
Environmental and Society. Univerisité Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 2014. French. <tel-01139754>

Rio Nanay

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Rio Nanay : mapeo participativo en quatro comunidades

Proyecto « Biodiversidad, medios de vida y gobernanza en los Paisajes de Loreto y Manu Tambopata »
Conservar la biodiversidad e integridad de los paisajes Loreto y Manu Tambopata a través de la promoción de una gestión territorial integral, la asistencia técnica a grupos indígenas y otros usuarios de recursos para implementación de alternativas sostenibles de manejo, el desarrollo de alianzas y el monitoreo de proyectos de infraestructura en la región.

Trabajo de mapeo partcipativo realizado en marzo 2015 por la equipa del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales

SPDA.org

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental trabaja a través de tres líneas estratégicas:

  1. Patrimonio natural
  2. Institucionalidad y legislación
  3. Justicia ambiental

1. Patrimonio natural

El patrimonio natural –que es todo aquello que la naturaleza nos ofrece y que le atribuimos un valor económico o espiritual– es un hilo conductor de nuestro desarrollo como país, orgullo e identidad. Es parte del capital que heredamos de nuestros antepasados y que debemos administrar con criterio para que trascienda a las siguientes generaciones.

Por ello, promovemos su conocimiento y buen uso. El buen uso implica, en la mayoría de los casos, diseñar estrategias de conservación que van desde la protección hasta el uso sostenible. En otros casos, cuando tras una decisión de diversa índole se “pierden” espacios de patrimonio natural, se requiere de análisis técnicos, científicos, jurídicos, económicos y/o sociales que justifiquen la decisión. Estos deben ir acompañados de medidas de compensación ambiental, con la finalidad de “devolver” patrimonio natural bajo alguna modalidad.

Algunos de los temas que incluye esta línea son: áreas naturales protegidas, bosques, paisajes, diversidad biológica, servicios ecosistémicos, sistemas regionales de conservación, agua, territorio o esquemas de compensación ambiental. Se enmarca también bajo esta línea la agrobiodiversidad y los conocimientos tradicionales que integran y potencian el patrimonio natural con el patrimonio cultural.

2.  Institucionalidad y legislación 

La construcción de una mejor sociedad requiere que sus instituciones y normas sean sólidas, justas y transparentes. La institucionalidad tiene que ver con estructuras, procesos y normas. Tanto para el sector público como para la sociedad civil. Esta es la mejor garantía para la gobernanza ambiental.

Buscamos asimismo una legislación ambiental coherente y sistémica, basada en la sostenibilidad y que se actualice permanentemente, de acuerdo a la dinámica que tiene la vida misma. Creemos que contar con instituciones capacitadas y organizadas es la mejor garantía para que el conjunto de normas se traduzcan en una gestión sostenible del territorio, en oportunidades reales de desarrollo. Estas instituciones están en los distintos niveles y sectores de gobierno, así como en la propia sociedad civil.

Algunos de los temas que incluye esta línea estratégica son: legislación ambiental; fortalecimiento de capacidades a instituciones de gobierno a través de cursos, consultorías, convenios y programa de cooperantes; diseños organizacionales; descentralización; generación de redes de la sociedad civil; fortalecimiento de la sociedad civil y en especial de los grupos indígenas a través de asesoría legal y técnica, cursos, publicaciones, estrategias de comunicación, eventos y financiamiento. La difusión sostenida del Derecho Ambiental es también una prioridad así como el trabajo para fortalecer instrumentos claves para la gobernanza ambiental como son la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento territorial y la consulta previa.

3.  Justicia ambiental

Las buenas normas e instituciones requieren ser difundidas, entendidas e implementadas. En la implementación pueden requerirse instrumentos de monitoreo, participación y, eventualmente, de defensa; siempre sobre la base de un mejor conocimiento sobre los derechos de los ciudadanos en relación al ambiente.
La justicia ambiental busca, entonces, empoderar al ciudadano y a las instituciones para el mejor ejercicio de los derechos ambientales, de manera informada y, a la vez, efectiva.

Algunos temas o actividades que incluye esta línea estratégica son: estudios de caso o cuadernos de investigación sobre temas emblemáticos como minería ilegal, infraestructura o plantaciones; consultorio jurídico; monitoreo participativo y sistemas de alerta temprana; transparencia en la información; observatorios; casos administrativos y judiciales; estrategias de comunicación y participación en grupos de la sociedad civil.